Situación de Sebastián Fajardo y Eduardo Garay.

"El 4 de enero, día en que se conmemoraba el asesinato de Matías Catrileo, fui detenido, en distintas circunstancias, junto a Eduardo Garay. Fuimos acusados de haber quemado una micro cerca del Parque Almagro y de portar artefactos incendiarios. Hasta hoy, la Fiscalía sigue "investigando", manteniéndonos a ambos en prisión preventiva dentro de Santiago 1, por considerarnos peligrosos para su sociedad".

Transcurridos 6 meses desde el ingreso de Sebastian Fajardo a la cárcel-empresa Santiago 1, acusado del delito de incendio sólo con daños o sin peligro de propagación, el día 25 de junio se solicitó por la defensa la revisión de la prisión preventiva, dado que durante la supuesta investigación que realiza la fiscalía no se ha logrado acreditar su participación en la quema del transantiasko, aún cuando el antecedente más utilizado por los persecutores y los querellantes (intendencia y alsacia) ha sido la declaración del esbirro que lo detuvo y que pertenece a la DIPOLCAR: y en este punto, no es que nos extrañe que la policía de ¿inteligencia? ronde las manifestaciones que se realicen, como fue en este caso la marcha en conmemoración por el asesinato del Weichafe Matías Catrileo; no es que nos sorprenda que tal declaración sea "el" antecedente que existe en contra de Sebastián, en tanto en ella se asegura, convenientemente, que los funcionarios estaban en el lugar, que vieron cómo quemaba el bus, que "sin perderlo de vista" lo habrían seguido para detenerlo y al registrarlo habrían encontrado las ropas utilizadas en su mochila, misma ropa y misma mochila en la que NO se encontraron trazas de elementos combustibles según peritaje realizado por la misma policía. Pero aún cuando no nos extrañe ni nos sorprenda, no podemos normalizar las prácticas represivas de esta democracia que anula mientras en el discurso asegura libertad: el Estado valida peligrosamente su política criminal en sus leyes, en su derecho y ante su sociedad; comienza una persecución de aquellos que indignados por las lógicas que impone este sistema, han elegido perseguir sus propias ideas; y lo hace intentando deslegitimar su lucha, ensuciando sus acciones con operativos policiales, con un engranaje judicial que conoce de casos que sólo se sostienen en la imaginación de quiénes los crean, con leyes represivas, herencia de la dictadura: así, la Ley de Control de Armas, la Ley de Seguridad Interior del Estado, no son más que un respaldo en el show mediático que con una buena dosis de desinformación y escándalo busca acrecentar el impacto de la noticia, haciendo un juicio previo que corre de forma independiente.

Como era de esperar, el tribunal ordenó mantener la prisión preventiva, argumentando la naturaleza de los delitos imputados por las partes querellantes (incendio, porte de artefacto explosivo de la ley de control de armas, y la interrupción de servicio público contemplado en la ley de seguridad interior del estado), y también por la pena asignada en la ley, que puede ir de los 3 años y 1 día a los 10 años; todo lo anterior sin considerar que la fiscalía sólo ha formalizado por el delito de incendio, que la participación, como decíamos, no está del todo acreditada, que los elementos combustibles arrojados por un peritaje y encontrados en las manos de Sebastián Fajardo  son elementos que pueden derivarse de un cigarro o incluso del manejo de un sartén, que Sebastián además es un estudiante que cuenta con arraigo social, todo lo que refuerza la afirmación de que no es un peligro para la sociedad.

Pero claro, a un mes del desmoronamiento del montaje que evidenció lo ridículo de su política de persecución penal, el Estado por medio de sus órganos persecutores, descarga su ofensiva contra quiénes todavía están a su alcance,  contra los que ha mantenido tras los muros de sus cárceles a la espera de un juicio político y mediático ejemplar, que permita validar ante sus ciudadanos el despilfarro de recursos y la agónica extensión de investigaciones-persecuciones que no llegan a resultados concretos. Sino, ¿cómo se explica que bajo el pretexto de contar con una “investigación contundente” los fiscales y querellantes insistan en mantener en prisión preventiva a Sebastian y a Eduardo, al mismo tiempo que la fiscalía les ofrece un juicio abreviado a cambio de la delación que uno haga del otro?

El (des)criterio errado de los jueces, miembros de un poder del Estado que sólo en un papel puede jactarse de ser independiente e imparcial, es lo que tiene encerrado hoy a Sebastián Fajardo. La defensa tuvo otra instancia: la corte de apelaciones, pero ésta se ha mostrado intransigente, sin conceder la libertad a los compañeros acusados en causas de impacto público, y el caso de Sebastián no fue la excepción: según los jueces las condiciones que hicieron posible la prisión preventiva no han variado y deberá seguir en Stgo 1 a la espera del juicio oral en su contra. Una vez más se ha impuesto y ha existido una decisión errada de los jueces aún cuando a todas luces la vulneración de derechos es escandalosa y no se justifica.

Las concesiones que el Estado pueda darnos por medio de sus instituciones y leyes no limitan nuestras acciones. El Estado sigue arrebatando la libertad a Sebastián Fajardo y nos arrebata la libertad a todxs quiénes no nos resignamos, a quiénes cuestionamos el funcionamiento de esta falsa democracia, a quiénes entendemos que la violencia y el terrorismo vienen del Estado.

¡PORQUE CUANDO CAE UNO CAEMOS TODXS!

¡QUE NINGÚN COMPAÑERX ENCERRADO SEA OLVIDADX!

¡LIBERTAD A SEBASTIAN FAJARDO SILVA, EDUARDO GARAY GONZALEZ, Y A TODX PRESX POR LUCHAR!