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Según Amnistía Internacional, los casos de “prisión política” o también denominados en un inicio como casos de “prisión de conciencia”, son todos aquellos en los cuales ha habido personas detenidas; torturadas o desaparecidas por las fuerzas de “orden público” debido a motivos políticos. Durante la dictadura en Chile, fueron alrededor de 5000 casos de asesinados por intereses políticos y miles más presos y exiliados por las mismas razones.
Hoy en día no se puede negar que la prisión política en Chile existe. Dejando de lado la cifra de al menos 6 mapuche asesinados en democracia y abocándonos netamente a lo relacionado con prisioneros políticos, han sido más de 400 los peñi y lagmen que han estado presxs por sus ideas y/o acciones políticas durante la democracia. En la mayoría de los casos se ha invocado la Ley Antiterrorista en contra de ellxs, sin embargo jamás se ha podido comprobar la participación de algunx en un atentado. Todxs han pasado meses en prisión, en muchos caso sus hogares han sido allanados, algunas comunidades militarizadas, sus familiares han sido perseguidxs y luego de todo este hostigamiento y toda esta violencia son dejados en libertad. De ésta manera se pretende resguardar el orden público en Chile.
Otro caso de prisión política es el denominado “Caso Bombas”. Durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachellet se inició una investigación que pretendía dar con el paradero de lxs responsables de más de 100 “bombazos” efectuados en distintas ciudades de $hile.
Tras haber asumido el gobierno de Sebastián Piñera en el año 2010, el nuevo ministro del interior Rodrigo Hinzpeter, decide remover de su cargo al fiscal Armendáriz que se encontraba a cargo de la investigación de este caso; esto debido a que en casi 5 años de investigación no había tenido resultados y cada día eran más frecuentes los bombazos en Chile. En su lugar pone a un exitoso y extravagante fiscal llamado Alejandro Peña, quien venía de haber combatido duramente a las principales redes de narcotráfico de Chile.
Este fiscal, en menos de dos meses con la misma cantidad de información que manejaba el anterior fiscal, decide llevar a cabo la mediática “Operación Salamandra”, que consistía en allanar y detener a miembros de antiguas casas okupas y vincularlxs con ex presos políticos, principalmente a quienes fueron parte del “Movimiento Juvenil Mapu Lautaro” que combatió la dictadura de forma armada y siguió actuando durante los primeros años de democracia. De esta manera se articulaba toda una asociación ilícita de carácter terrorista.
Supuestamente los ex lautaristas eran los líderes de esta organización antiautoritaria y los jóvenes se repartían las funciones de elaboración y colocación de explosivos. Pasaron más de 8 meses en prisión todxs y cada unx de ellxs; las casas y bibliotecas libertarias en las que vivían fueron desalojadas y/o demolidas y todo el material (de videotecas y bibliotecas) fue perdido en manos de la policía.
Tras esta seguidilla de cierre de casas okupas, el castigo y aislamiento de estxs 14 individuxs como ejemplo de lo que le podría llegar a pasar a quienes propaguen ideas contrahegemónicas al orden establecido, y la intervención e infiltración de policías a los movimientos antiautoritarios es que se pretende disminuir la cantidad de ataques a los símbolos del poder por parte de los verdugos de nuestra libertad.
Sin embargo tras 8 meses de investigación, el fiscal Peña no logra vincular a ningunx de sus detenidxs (en ese entonces en huelga de hambre) con los hechos que se les acusa; de sus más de 6 mil pruebas presentadas fueron estimadas como absurdas por el juez cerca del 90 % de ellas. Luego de no comprobar nada de los 14 imputados, son dejados en libertad y durante los primeros días de marzo del 2012 se establece que el ministerio del interior y la fiscalía sur deberán hacerse cargo de todos los gastos del juicio y proceso llevado a cabo con los/as 14 individuo/as.
Estos son solo los casos más bullados en el último tiempo en donde se podría incluir también el caso de Elena Varela, pero hay casos tan desconocidos como el de Jose Huenante, el único detenido desaparecido en democracia (año 2005), de quién poco y nada se ha hablado, solo por el hecho de ser de origen mapuche, pobre, menor de edad y vivir sin sus padres.
El estado se empeña en señalar que en $hile no hay presxs ni desaparecidxs políticxs, no existe esta figura en la legislación de la injusticia $hilena, mucho menos se ha asumido que haya desaparecido este joven mapuche en manos de la policía; entonces uno podría preguntarse ¿qué pasó con José Huenante?, o bien, como se llama un minidocumental que ha salido hace un tiempo, ¿Dónde esté José Huenante?, si existen registros de que estuvo detenido en una comisaría de Puerto Montt y después de su detención no se le volvió a ver, ¿no es un caso de detenido desaparecido?, a 7 años de este suceso aún no se encuentra el cuerpo del joven José Huenante.
Asi $hile agudiza sus practicas represivas, cada día son más los métodos de control, vigilancia y amedrentamiento contra quienes se plantean críticos y activos fente al sistema. Es por esto que el llamado es a multiplicar las formas de desvalidar el poder y la autoridad en nuestro entorno, a utilizar cada palabra, cada escrito y cada acto, en contra de quienes día a día pretenden silenciarnos encerrado compañerxs y promulgando leyes represivas.
Escrito por Letras Kontra la Dominación
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